La Vulneración de derechos de los Niños y Niñas en Colombia: el círculo vicioso de la protección institucionalidad

Angélica Álvarez Rodriguez

Psicóloga. Colombia.

Colombia es un país de contrastes radicales. Del mismo modo que en muchos países de la región latinoamericana la acumulación de las riquezas en pocas manos y la gran pobreza distribuida en la mayoría de la población es por definición su principal característica. Las relaciones de clase social, raza y género marcan al igual que toda la población dichas asimetrías, solo que en los niños y niñas se profundiza porque es la población más vulnerable.

A pesar que el ordenamiento jurídico colombiano, la Constitución Colombiana (1991) y su ordenamiento legal articulado a Convenios internacionales en donde se establecen como “derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión” (C.P. art.44) el contraste con la realidad social muestra la ausencia de dichos mandatos. Incluso, pese a que el ordenamiento jurídico señala una protección especial “contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos”, los niños y niñas, la mayoría de ellos, los que no pertenecen a las clases económicas poderosas, los niños y niñas a travesados por su condición social, su raza y su género se ven segregados por la economía, la política y la cultura desarrollista.

En el margen de los niños y niñas que viven la crudeza de la pobreza, la segregación y la exclusión hay unos que viven una experiencia muy particular. Me refiero a aquellos que ingresan en el Sistema Nacional de Protección debido a que se les ha vulnerado alguno de los derechos consagrados en el ordenamiento jurídico. La idea de protección asumida por el sistema estatal resulta una de las muchas paradojas de la democracia, ya que una primera impresión nos lleva a pensar que hay formas institucionales de garantizar sus derechos pero una mirada detallada nos confirma que sus derechos no solo se mantienen vulnerados sino que en ocasiones nuevas vulneraciones emergen en el tránsito del sistema que pretende defenderlos.

Esta tesis pretende mostrar cómo la protección institucional de los niños y niñas a veces se ve envuelta en un círculo vicioso de nuevas vulneraciones. El objetivo no es otro que reflexionar sobre los mecanismos institucionales para generar alertas [que ya no son tempranas] y poner de manifiesto la imperiosa necesidad de viabilizar la transformación del orden institucional y el manejo de la política de infancia en Colombia.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el maltrato infantil es definido como los abusos y la desatención de que son objeto los niños y niñas, e incluye todos los tipos de maltrato físico, psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia, exposición a cualquier forma de violencia y explotación comercial o de otro tipo; entorpeciendo su desarrollo integral en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, es decir, que puede ser perpetrado por parte de sus padres, adulto responsable o cualquier persona que tenga una relación de dependencia con él.

En Colombia según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF), de las lecciones no fatales según su etiología como violencia interpersonal, violencia intrafamiliar, accidentes de tránsito y lecciones accidentales, la violencia intrafamiliar ocupa el segundo lugar en ocurrencia. Este comportamiento en las cifras ha sido constante desde el 2007. Revela que los casos de violencia intrafamiliar incrementan cada día más; durante el 2009 se conocieron 93.859 casos de violencia intrafamiliar, mostrando un incremento de 4.056 casos respecto al 2008.

En el 2009 el INMLCF reporto 13.952 casos de maltrato infantil en estadísticas indirectas. A nivel rural donde no se cuenta con una Unidad Básica [para ser denunciadas] se reportaron un total de 142 casos. Mostrando un incremento de 175 casos respecto al 2008. De estos casos, el mes de mayo muestra el índice más alto con 1.339 casos; seguido por octubre (1282), septiembre (1227) y julio (1191). Los demás meses oscilan entre 1189 y 1092 casos. En los meses donde se reportan el menor número de casos son diciembre y enero con un índice de 1005 y 1036 casos respectivamente. En relación con el día, se presentan más casos de maltrato infantil los días domingo (2127) y miércoles (2167), seguidos por los días jueves (2098), lunes (2091) y martes (2082); los días con menor índice son los viernes (1811) y los sábados (1303). Una relación estadística que muestra la exposición de niños y niñas a maltratos y que pone de relieve un serio problema que debe ser tomado con responsabilidad y urgencia.

EFECTOS DEL MALTRATO Y LA INSTITUCIONALIZACIÓN:

En general las consecuencias y efectos del maltrato influyen a nivel emocional, cognitivo y social, evidenciado en las relaciones que los niños y niñas establecen consigo mismo, con los demás y con el mundo. Ellos perciben que sus conductas, capacidades y habilidades se encuentran en un nivel inferior, por esto su toma de decisiones, resolución de conflicto y la manera de enfrentar las situaciones depende principalmente de lo esperado por su grupo de referencia, dificultando el desarrollo adecuado de procesos como autoestima, autoconcepto, autoimagen, autonomía y autoridad. Es poco común que en los niños, niñas y adolescentes se presente únicamente un tipo de maltrato, generalmente las situaciones traen consigo una mezcla indiscriminada de todos las formas representativas del mismo. Igual sucede con sus consecuencias y efectos, pues no se presentan de manera aislada, es imposible atribuir efectos propios y únicos a cada tipo, además porque están estrechamente relacionados con la frecuencia e intensidad con la que se presentaron las situaciones.

En el plano cognitivo, las consecuencias y efectos se asocian a una seria de dificultades en el aprendizaje y en las relaciones que establecen, lo que genera que su comportamiento sea evitativo, tendiente al aislamiento, la agresividad y la culpabilidad; además su rendimiento académico no es el esperado para su etapa de desarrollo. En muchos casos les resulta difícil reconocer las necesidades y sentimientos propios y los de los otros, y no comprenden a cabalidad las consecuencias reales de sus actos, lo que implica que sea difícil mantener una relación de corresponsabilidad. Su concepto de ineficacia y dudas frente a sus actos y los de los demás entorpece sus interacciones. Su adquisición de habilidades y su correlación con el medio se ven limitadas al permanecer en ambientes carentes de estimulación, acompañamiento, supervisión y atención constante, repercutiendo en la asimilación de los comportamientos propios en cada contexto.

La Institucionalidad aparece cuando el niño, la niña o adolecente, ingresa al sistema para ser protegido de alguna vulneración de sus derechos. El ingreso suele ser de oficio o a solicitud de parte cuando se pone de relieve la posible vulneración de los derechos de un niño, niña o adolescente, y la solicitud puede ser verbal o escrita, presentada por el representante legal, la persona que lo tenga bajo su cuidado o custodia, directamente por el niño, niña o adolescente y en general por cualquier persona que conozca de la vulneración, de este modo se inicia el proceso de garantía constitucional. La autoridad competente deberá, de manera inmediata, verificar el estado de cumplimiento de cada uno de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, comprobando, el estado de salud física y psicológica, el estado de nutrición y vacunación, la inscripción en el registro civil de nacimiento, la ubicación de la familia de origen, el entorno familiar y la identificación tanto de elementos protectores como de riesgo para la vigencia de los derechos, la vinculación al sistema de salud y seguridad social y la vinculación al sistema educativo.

Estos diagnósticos le servirán de sustento para definir las medidas pertinentes para el restablecimiento de los derechos, tales como, amonestación con asistencia obligatoria a curso pedagógico, retiro inmediato del niño, niña o adolescente de la actividad que amenace o vulnere sus derechos o de las actividades ilícitas en que se pueda encontrar, ubicación en un programa de atención especializada, ubicación inmediata en medio familiar, ubicación en centros de emergencia, cuando no procede la ubicación en los hogares de paso, la adopción o cualquier otra medida que garantice la protección integral de niños, niñas y adolescentes, siempre propendiendo por el acompañamiento de la familia.

Sin embargo, en la práctica se observa que en la mayoría de los casos, indiscriminadamente, se aplican como medidas de protección la ubicación en centros de emergencia, hogares de paso y adopción, y es allí donde comienza una nueva etapa que suma consecuencias y efectos a los propios del maltrato. Los efectos de la institucionalización, dependen en gran medida del tiempo de permanencia, el tipo de institución y la calidad de la atención recibida. Las instituciones son ambientes hostiles en la mayoría de los casos, debido a que los niños y niñas deben compartir con pares, cuyo repertorio conductual producto muchas veces de su aprendizaje y modelación, es agresivo, lo que dificulta la interacción, integración, adaptación, así como las relaciones consigo mismo y las demás personas. El nuevo ambiente se vuelve una especie de crisol donde se funden las diferentes conflictividades.

Los cuidadores castigan las conductas de los niños y niñas basados en sus concepciones y su estado emocional, lo que genera que ante el mismo comportamiento reaccionen de diversas maneras e impongan diferentes sanciones produciendo una doble pauta de comportamiento, que en los niños y niñas dificulta la identificación de las consecuencias de sus actos y el reconocimiento de las conductas y comportamientos socialmente esperados. De igual forma la mayoría de las decisiones son tomadas por terceros, lo que impide que los niños y niñas expongan sus puntos de vista y participen activamente en sus decisiones de vida, imposibilitando la creación de estrategias para enfrentar sus propios desafíos.

Es decir que las instituciones tiende a establecer estándares, para suplir las necesidades de los niños y niñas como una unidad, por ejemplo se estipula las cantidades calóricas que deben comer, el numero de prendas que deben tener, el horario que deben seguir, las intervenciones que deben recibir, entre otras, pero olvidan aspectos de igual o mayor relevancia, como quien será su sustituto afectivo, en quien podrá confiar, de igual modo se excluyen sus costumbres, creencias y hábitos, aquellos que hacían parte de su realidad, descalificando por completo su persona y su contexto, imponiendo nuevas rutinas basadas única y exclusivamente en las ideas del personal institucional.

Las instituciones son ambientes en los que hay demasiados niños y niñas, por tanto se tiende a identificarlos en su mayoría por la emisión de comportamientos inadecuados, generando un estereotipo negativo que aumenta la probabilidad de que siga emitiendo dicha conducta. De igual forma, su proceso de institucionalización acarrea que en los diversos espacios donde se desenvuelven – colegio, centros de recreación, etc.- sean estereotipados y tratados como “diferentes”, obstaculizando el establecimiento y formación de la identidad, la autoestima y el sentido de pertenencia. La sobrepoblación impide que los adultos establezcan relaciones afectivas significativas con los niños y niñas imposibilitando la construcción de lazos afectos, de solidaridad y de compañerismo. La idea del servicio como cuota de atendidos los termina convirtiendo en un dato gubernamental y los deshumaniza.

Se hace pertinente revisar las condiciones a las que están expuestos los niños y niñas en las instituciones, ya que estas son un factor relevante en la exacerbación de las dificultades y en la “superación” de las mismas. Tales condiciones se deben evaluar desde el plano físico y emocional. Este ambiente debe posibilitar que ellos puedan resignificar sus vivencias pasadas enfrentándolas y asimilándolas de manera adecuada y minimizar así sus efectos. Es importante que las instituciones tengan en cuenta los antecedentes por los cuales los niños y niñas ingresan y el proceso que se ha llevado a cabo por las diferentes instancias, permitiendo que sea un trabajo integral y articulado, facilitando que se alcancen los objetivos propuestos, se modifique el plan de intervención y se reformulen los objetivos de acuerdo a los avances, dificultades y hallazgos a lo largo del proceso.

Hay una delgada línea entre los efectos derivados de las situaciones a las que los niños y niñas estuvieron expuestos antes de ingresar al sistema de protección y los propios de la institucionalización, debido a falta de investigación, además porque serán evidentes a corto, mediano y largo plazo. De allí la necesidad trazar la pedagogía para abordar las problemáticas subyacentes y trabajar de manera articulada integrando las consecuencias propias de las situaciones que presiden el ingreso y los efectos de la institucionalización. Por consiguiente, es importante revisar los efectos que acarrea la institucionalización, la pertinencia de las medidas aplicadas, y la exploración de otras que permitan el restablecimiento de derechos, con menores impactos negativos.

FALENCIAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

Durante el recorrido y en la práctica se detectan falencias en el sistema de tipo administrativo y pedagógico, que repercuten en el quehacer de las instituciones y autoridades, dificultando el cumplimiento a cabalidad del objetivo del restablecimiento de derechos.

En la búsqueda de documentación, se refleja la falta de sistematización articulada que permita tener información clara y precisa frente a los antecedentes familiares, los procesos a los que han estado vinculadas, las medidas utilizadas, las ayudas estatales y particulares que reciben o recibieron, y las fortalezas y dificultades presentadas a lo largo de los procesos. La ausencia de información repercute negativamente, al no tener el conocimiento de procesos anteriores se debe iniciar de cero. Si los funcionarios contaran con información histórica podrían comprender el recorrido de las familias y la intervención tendría un direccionamiento constante. El conocimiento previo de la familia permite que se valoren los cambios positivos que ha tenido a lo largo del tiempo e identificar patrones conductuales.

Al proporcionar ayudas indiscriminadamente, sin un análisis real de la situación y una política de transformación social el Estado se convierte en asistencialista. Este hecho inmoviliza la consciencia social porque no produce procesos de participación, de interacción y cambio. Es evidente que el maltrato sobre los niños, niñas y adolescentes está vinculado a la realidad social, política y económica del país y no fuera de ello. Cuando la vulneración de los derechos se desvincula de las realidades estructurales y particulares que la producen se cae en una visión médica y sesgada, donde el maltrato es tomado como una especie de “enfermedad social”. Esta visión admite de soslayo el trato superficial de un problema social donde no se ataca el problema mismo. Por tanto, se debe contar con una base de datos fundamentada en criterios claros y específicos relacionados con las normas nacionales e internacionales, articulando los debates sociales, políticos y culturales que permitan tener un concepto claro y progresivo de las familias y la sociedad. La dificultad real no radica en la carencia de recursos o de políticas sino en la ausencia de trabajo en las problemáticas subyacentes y reales, es decir, que no se pone en tela de juicio las políticas que establecen el quehacer con los niños y niñas, sino a los funcionarios que las ponen en práctica, pues de ellos depende su efectividad; podríamos modificar nuevamente las leyes, pero con esto no acabaríamos el problema, para llegar a la raíz se debe contar con un ente que realmente regule el desempeño y labor de los funcionarios.

La información existente frente a los índices de maltrato y la realidad institucional es limitada, privando a la sociedad en general de conocer la magnitud de la problemática, pues las cifras publicadas son solo la cima del iceberg y las reales son de uso privado, posiblemente debido a que el ICBF actúa como juez y parte, lo que impide un proceso neutral y objetivo. Por tanto se debería contar con una veeduría externa al ICBF, que ofrezca datos veraces y reales. La publicación de los datos permitiría que la sociedad juegue un papel más activo frente a la realidad de los niños y niñas, y accionara de cierta manera como un ente regulador. Con la publicación de los datos sobre los niños y niñas no se vulneraria su derecho a la confidencialidad ni a la privacidad pues se trabajaría sobre datos anónimos. De lo que se trata es de ambientar socialmente el problema, colocarlo sobre una agenda política para la reflexión, donde la información y la documentación del problema jueguen un papel determinante como agitador social y para concientizar a la población en general.

Otro aspecto recae sobre los maltratadores, según el Código de Infancia y Adolescencia, el funcionario que recibe el caso junto con su equipo interdisciplinar debe verificar las condiciones físicas y psicológicas con las que llegan los niños, niñas y adolescentes, y tendrán la obligación de promover las acciones policivas, administrativas o judiciales a que haya lugar, especialmente si advierte la ocurrencia de un posible delito. Sin embargo a pesar de ser sobre los niños y niñas los que recae el maltrato, son ellos quienes son desarraigados de su medio ambiente, de su cotidianidad y quienes deben enfrentar la separación familiar y el ingreso a una institución; mientras los autores del maltrato continúan con su cotidianidad sin asumir las consecuencias de sus actos, con ello no se trata de generar un sistema de venganzas, sino de crear un sistema de responsabilidades compartidas en virtud del principio de corresponsabilidad entre la familia, la sociedad y el Estado, tenemos la obligación de asistir y proteger la infancia y adolescencia, para garantizar su desarrollo armónico e integra y ejercicio pleno de sus derechos. Es decir, generar de manera conjunta e interdependiente un tejido de acciones que permitan la realización real, integral y simultánea de sus derechos y exigir a la autoridad competente la sanción de los infractores. Sin embargo en la práctica ello no sucede.

El género juega un rol activo en el maltrato, como lo han señalado las amplias discusiones del siglo XX y XXI, el patrón de poder patriarcal de la sociedad determina en gran parte las conductas de abuso sexual y de violencia. Muchos maltratos se articulan a la idea de la “mujer”, a los roles que debe cumplir en la casa y a la satisfacción que debe brindar a la sociedad patriarcal. Aunque todos, niños y niñas, son producto de vulneración de derechos, el rol hombre-mujer en la sociedad las ubica en una nueva vulnerabilidad. Se evidencia la necesidad de realizar investigaciones dirigidas en su totalidad a los niños, niñas y adolecentes indistinto su género, pues es de vital importancia contar con una perspectiva global de la situación, a pesar de ser las mujeres las principales víctimas del maltrato, no se debe dejar de lado la realidad a la que son sometidos los niños, esto permitirá realizar acciones que suplan las necesidades y problemáticas de la totalidad de población, es decir, niños, niñas y adolecentes.

Igualmente, es importante tener datos frente a la institucionalización a nivel internacional, pero dichos estudios y experiencias se deben complementar con estudios a nivel local, fomentando el conocimiento y permitiendo establecer programas de promoción, prevención y rehabilitación acorde a nuestras necesidades, pues las condiciones sociales, culturales, familiares y las problemáticas sociales son diferentes en cada país. Colombia en particular, relacionado a su conflicto armado interno, el desplazamiento, el desempleo, el narcotráfico y la corrupción del Estado hace que sea relevante ubicar la vulneración de derechos sobre el plano de su particularidad.

Debido a sus características los niños y niñas deben contar con atención calificada, para esto es pertinente tener el personal suficiente y con la capacitación previa y pertinente, esto implica que la atención proporcionada sea de calidad; cabe resaltar que en muchas ocasiones debido a las situaciones que experimentaron antes de su ingreso y a los efectos propios de la institucionalización los niños y niñas requieren de un apoyo y acompañamiento extra, que posibilite que superen y resignifiquen su historia, esto permitirá que se integren y desenvuelvan adecuadamente en la sociedad, de lo contrario los efectos característicos del maltrato y la institucionalización se exacerbaran y se harán presentes a lo largo de sus siclo vital. Si las problemáticas son atendidas a tiempo no requerirán de intervenciones futuras.

Los niños y niñas aprenden las conductas y los comportamientos presentes en los escenarios de los que han sido parte y tienden a repetir sus repertorios con otros, es decir, si un niño o niña, ha estado expuesto a situaciones de tipo sexual, tiende a repetir dicho comportamiento con sus pares, generando que se exponga a estos a una situación de riesgo y vulneración a la que posiblemente antes no estuvieron expuestos, contrariando el fin último del restablecimiento de derechos y ocasionando que dichos comportamiento se perpetúen y trasmitan a otros niños y niñas. Por esto, antes de su ingreso a las instituciones se deben realizar investigaciones con el objetivo de tener claridad del motivo central y real por el que ingresan, dependiendo de este, se deben ubicar a los niños y niñas en determinadas instituciones; facilitando el establecimiento de programas de promoción, prevención y rehabilitación dirigidos a temáticas particulares. De esta manera las instituciones serían “centros especializados” con capacidad de contenerlos y satisfacer sus necesidades y realmente se minimizarían los efectos relacionados con las experiencias vividas.

Durante la experiencia se encuentran constantes quejas informales por parte de las familias frente al trato recibido, la información y atención proporcionada por las entidades desde el inicio del proceso de restablecimiento de derechos, estas quejas son de manera informal debido a que las familias suelen creer que hacerlas de otro modo repercutiría en el proceso, ocasionando que sus hijos no sean reintegrados a medio familiar. En muchas ocasiones las familias consideran al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como entidad que identifica sus dificultades y les “quita sus hijos” y no como un estamento protector de la familia y los niños y niñas. Esta concepción influye negativamente en la relación que la familia establece y mantiene en el proceso, generando que no busquen su ayuda y acompañamiento, en su lugar buscan ocultar sus problemáticas, las familias centran sus esfuerzos en identificar lo que el sistema espera de ellos, realizando en su mayoría lo que se le exige, pero en realidad no entienden la pertinencia de los cambios que realizan o deben realizar; por tanto los cambios realizados por las familias suelen ser momentáneos y no se perpetuán en el tiempo, generando que las situaciones de vulnerabilidad persistan colocando nuevamente a los niños y niñas en situaciones de riesgo; la ineficacia del proceso implica que posiblemente ellos reingresen al sistema.

Es pertinente generar diversas estrategias para que las familias y personas tengan una relación diferente con el ICBF, esto permitiría conocer a cabalidad las dinámicas familiares y las situaciones que ocasionan que se vulneren los derechos de los niños y niñas. Cabe aclarar que el Código de Infancia y Adolescencia faculta a la autoridad competente para que tome las medidas pertinentes de acuerdo a las características y el análisis realizado en cada caso, por tanto no toda vulneración de derechos acarrea institucionalizar a los niños y niñas.

Es necesario que todas las personas que hacen parte activa de las instituciones de protección conozcan lo referente al proceso de restablecimiento de derechos, los trámites y las acciones a seguir, esto permitirá que las familias cuenten con la atención y apoyo que requieren. De igual manera, la familia es un protagonista principal en el proceso de restablecimiento de derechos por tanto la institución debe interesarse por conocer profundamente lo que sienten y piensan del proceso, así como la efectividad de las intervenciones.

Las familias deberían contar con apoyo, acompañamiento e intervenciones, con la finalidad de promover la adquisición de habilidades y estrategias para enfrentar y solucionar las circunstancias que hacen parte de su cotidianidad sin poner a los niños y niñas en situaciones que vulneren sus derechos. Este proceso se debe realizar sin retirar a los niños y niñas de su medio familiar, al no ser que estuvieran en un riesgo inminente. De esta manera, las familias se vincularían de forma más efectiva al proceso y se evitaría el sobre cupo de niños y niñas en las instituciones permitiendo que muchos tengan atención personalizada.

Hay un punto crítico frente a las denuncias de los casos de maltrato infantil, pues los niños y niñas a pesar de ser los principales actores dependen de las diligencias realizadas por un tercero. En muchos casos ellos acuden a sus progenitores o a su cuidador principal ante dichos eventos y situaciones, pero estos les restan importancia y no los ponen en conocimiento de las entidades pertinentes, lo que ocasiona que los niños y niñas sigan experimentado dicho maltrato. Esto puede estar relacionado en muchas ocasiones a concepciones y patrones culturales, que permiten que este comportamiento se perpetúe generando que los derechos de los niños y niñas continúen siendo vulnerados. Por tanto se requiere reeducar a la comunidad con la finalidad de que cambie algunas de sus concepciones y se relacionen de manera diferente con los niños y niñas.

Las medidas utilizadas para monitorear los procesos adelantados en las instituciones que funcionan como satélites del ICBF, no dan cuenta de la calidad de la atención proporcionada. El objetivo de supervisar a las instituciones, es entre otros, verificar que se lleve a cabo el debido proceso y se restablezcan los derechos de los niños y niñas, por ende las auditorias y supervisiones realizadas por los funcionarios deben realizarse sin previo aviso, esto permitirá que el ente regulador identifique las fortalezas y las dificultades al interior de cada institución. En la medida de lo posible se les debe preguntar a los niños y niñas en qué consiste la intervención, cada cuanto la reciben, cuales son los objetivos de la misma y qué efectos tiene en ellos; esto permitirá corroborar los datos reportados en los informes y también proporcionaría información de primera mano en relación con los sentimientos y percepción que tienen los niños, niñas y adolecentes de la institucionalización.

El proceso de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes necesita de una constante revisión. Es evidente que la institución que pretende protegerlos genera una nueva situación de conflictividad. Más allá de las recomendaciones mínimas a lo largo del documento y de la problemática expuesta se deben explorar nuevos enfoques que superen la visión de clínica social en la que muchas veces por nuestra profesión estamos envueltos. Es necesario proyectar nuevos debates que vinculen a las familias y las comunidades que la circundan. La vulneración de derechos es de tipo social, político y económico y se expresa como hemos visto en puntos concretos de la sociedad y en poblaciones específicas. La relación de lo general y lo particular es de gran importancia porque no sustrae el problema como si fuera una parcelación de la realidad pero tampoco la deja abstracta sin posibilidad de resolverse.

Los niños, las niñas y los adolescentes son el futuro pero por sobre todo son el ahora, son nuestro presente, son aquellos que viven con más dolor los rigores del conflicto social y armado, sus causas y consecuencias directas e indirectas. Sobre ellos deben recaer nuestros esfuerzos, un esfuerzo que solo es posible articular con éxito cuando se vincule a la sociedad y se asuma políticamente las problemáticas en las que están envueltos.

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